La LJCA —siglas de Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa— es la norma que regula el control judicial de la actuación de las administraciones públicas: qué órganos juzgan, quién puede recurrir y con qué procedimiento. Su artículo 1 delimita el control judicial de la actuación administrativa sometida a Derecho Administrativo y de otras materias que enumera.
No es lo mismo un recurso administrativo que un recurso contencioso-administrativo. El primero se tramita ante la Administración conforme a su normativa; el segundo se plantea ante órganos judiciales y tiene sus propias reglas. Tampoco todo litigio con una Administración corresponde al orden contencioso: la propia ley excluye cuestiones atribuidas a los órdenes civil, penal y social, entre otras.
Antes de aplicar un plazo o requisito, identifica la actuación impugnada, la vía prevista y el procedimiento. La presencia de una entidad pública no basta para elegir el orden jurisdiccional. Para la fase administrativa pueden ser relevantes LPAC y LRJSP, que cumplen funciones distintas de la ley procesal contenciosa.