Administrativo Seguridad Social 2026: requisitos y tasas
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Para participar por acceso libre en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social en la convocatoria publicada el 31 de diciembre de 2025, había que cumplir los requisitos generales de la base 3 y presentar la solicitud dentro del plazo previsto. La titulación exigida era Bachiller o Técnico, con las condiciones de obtención que detallan las bases. El plazo ordinario está cerrado: se contó en veinte días hábiles desde el día siguiente a la publicación en el BOE de 31 de diciembre de 2025, del 2 al 30 de enero de 2026 conforme al calendario general de días inhábiles de la AGE. El texto de referencia es el BOE-A-2025-27158 (se abre en una pestaña nueva).
Esta guía resume requisitos y tasas. La “parte general” es una parte del contenido de la preparación vinculada al Cuerpo Administrativo de la Seguridad Social, no un proceso selectivo independiente. Por ello no conviene usar la etiqueta de una parte del temario para sustituir los requisitos de participación que fija la convocatoria del cuerpo. Tampoco se confunden los requisitos con las opciones que el modelo 790 pedía consignar para describir títulos académicos oficiales.
Las bases ordenan que los requisitos se posean el último día de plazo de solicitud y se mantengan hasta la toma de posesión como personal funcionario de carrera. No basta con revisar la situación que se tenía al iniciar la inscripción: el requisito temporal alcanza todo el tramo que las bases señalan. La siguiente información explica qué incluía ese control y qué documentos o situaciones merecían una comprobación detenida.
Requisitos generales para acceso libre
La base 3.2 parte de la nacionalidad española. También permite participar, como personal funcionario y en igualdad de condiciones con las personas españolas, a nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea; al cónyuge de personas españolas o de otros Estados miembros de la UE, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho; y, con esas mismas condiciones, a los descendientes menores de veintiún años o mayores de esa edad que sean dependientes; y a personas incluidas en tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea aplicable la libre circulación de trabajadores. Esta apertura tiene una excepción: no alcanza a empleos que impliquen, directa o indirectamente, participación en el ejercicio del poder público o salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas.
Las personas no residentes en España incluidas en el supuesto de familiares, así como las personas extranjeras amparadas por los tratados, debían acompañar a la solicitud el documento que acreditara las condiciones alegadas. La nacionalidad no es, por tanto, una simple casilla: según el caso puede exigir documentación de soporte. Una persona nacional de otro Estado tampoco puede estar inhabilitada o en situación equivalente, ni sometida a sanción disciplinaria o equivalente que le impida en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
La capacidad funcional para desempeñar las tareas es otro requisito general, recogido en la base 3.3. La edad mínima es de dieciséis años y no se puede exceder, cuando corresponda, la edad máxima de jubilación forzosa. Ambos límites se aplican junto con el resto de condiciones de acceso y no sustituyen la exigencia de titulación o habilitación.
La base 3.5 exige no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de una Administración Pública o de organismos constitucionales o estatutarios de comunidades autónomas. Exige también no estar en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso a cuerpos o escalas de funcionarios de carrera. Además, no se puede pertenecer ya al mismo Cuerpo o Escala al que se presenta; si las pruebas estuvieran limitadas al acceso a una especialidad, tampoco se puede tener previamente reconocida esa misma especialidad. Son condiciones distintas: la habilitación profesional, la ausencia de separación y la no pertenencia al mismo cuerpo no se reducen a una sola declaración genérica.
La convocatoria añade una regla para personal funcionario español de organismos internacionales: puede acceder si posee la titulación requerida y supera el proceso. Puede solicitar a la Comisión Permanente de Homologación la exención de pruebas destinadas a acreditar conocimientos ya exigidos en el puesto de origen, siguiendo el procedimiento y plazo que recoge la base 3.6. Es una previsión específica, no una exención automática de los requisitos generales.
Titulación: Bachiller o Técnico
La base 3.7 establece que al cierre del plazo debía poseerse, o estar en condiciones de obtener, el título de Bachiller o Técnico. “Estar en condiciones de obtenerlo” tiene un significado concreto en las bases: debe existir un certificado del órgano educativo competente que acredite haber superado todas las asignaturas o créditos ECTS exigidos y, cuando proceda, el abono de las tasas académicas de expedición del título. No es suficiente con estar cursando estudios o prever que se terminarán más adelante.
Las bases remiten asimismo a la Orden EDU/1603/2009, modificada por la Orden EDU/520/2011, sobre equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados por la Ley Orgánica 2/2006. Esa remisión obliga a comprobar la equivalencia que corresponda al caso concreto. No permite afirmar que cualquier prueba, formación o título sea una equivalencia universal de acceso.
El anexo de instrucciones del modelo 790 incluía varias opciones para el recuadro de títulos académicos oficiales. Entre ellas figuraba el dígito 3 para distintas denominaciones de Bachiller, Técnico o haber aprobado las pruebas de acceso a la universidad para mayores de veinticinco años. Esa instrucción de cumplimentación no cambia la regla de titulación de la base 3.7. En concreto, el artículo 4.3 de la Orden EDU/1603/2009 (se abre en una pestaña nueva) reconoce la equivalencia profesional de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años con Bachiller si, además, se acredita el título de ESO o equivalente académico o profesional, o al menos 15 créditos ECTS universitarios. A estos efectos no sirve la equivalencia profesional con ESO obtenida por esa misma prueba según el artículo 3.5. La equivalencia habilita para el acceso a empleos públicos y privados, sin otorgar por ello el título académico de Bachiller.
Para titulaciones obtenidas en el extranjero, la base 3.8 exigía contar al cierre de plazo con la credencial de homologación o, cuando correspondiera, el certificado de equivalencia. Hay una excepción para quien hubiera obtenido reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito de profesiones reguladas conforme al Derecho de la Unión Europea. La excepción se refiere a ese reconocimiento profesional; no debe generalizarse a cualquier título extranjero.
Promoción interna: requisitos adicionales y separados
La convocatoria permitía participar solo por uno de los dos sistemas: acceso libre o promoción interna. Las personas de promoción interna debían cumplir todos los requisitos generales anteriores y, además, los específicos de las bases 3.9 a 3.13. Es importante no trasladarlos al acceso libre.
Entre otros supuestos, esas bases se refieren a personal funcionario de carrera de cuerpos o escalas del subgrupo C2 de la Administración General del Estado, de cuerpos o escalas postales y telegráficos adscritos a C2, y a determinados cuerpos o escalas C2 de otras Administraciones Públicas que desempeñen un puesto en la Administración General del Estado y tengan destino definitivo en ella. Para esos colectivos se exigía una antigüedad mínima de dos años de servicio activo en los términos de la convocatoria.
También regulan el caso del personal laboral fijo —no el personal laboral indefinido no fijo— del grupo y especialidad 3G-Administración del IV Convenio colectivo único, y de determinadas categorías equivalentes de otros organismos públicos, con funciones administrativas, de gestión económica o de recursos humanos. Para esa vía se exigían asimismo dos años de servicio activo bajo las condiciones de la base 3.12. La acreditación se efectuaba mediante el certificado del anexo III. La antigüedad de dos años es, por tanto, un requisito adicional de promoción interna, no un requisito para solicitar acceso libre.
Tasas, reducciones y exenciones
La tasa de derechos de examen para acceso libre era de 15,57 euros. Para promoción interna era de 7,79 euros. Las personas integrantes de familia numerosa de categoría general tenían importe reducido: 7,79 euros en acceso libre y 3,90 euros en promoción interna. Estas cantidades no sustituyen la comprobación de que se reúne la condición que permite aplicar la reducción.
La base 4.13 recogía varios supuestos de exención. Primero, personas con grado de discapacidad igual o superior al 33 %, con el certificado acreditativo cuando procediera. La administración podía verificar la condición por la Plataforma de Intermediación de Datos si no había oposición expresa y se trataba de una comunidad autónoma incluida en el sistema señalado por la convocatoria.
Segundo, personas que figuraran como demandantes de empleo durante al menos un mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE. Esta exención no se obtiene solo por estar inscrito: durante ese periodo no podían haber rechazado una oferta de empleo adecuado ni haberse negado, salvo causa justificada, a participar en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales. Además, debían carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional vigente en la fecha de publicación en el BOE. En caso de oposición a la consulta de datos, las bases explican los certificados de demanda de empleo y renta que había que anexar.
Tercero, los miembros de familias numerosas de categoría especial tenían exención del 100 %; los de categoría general, bonificación del 50 %. La condición se acreditaba mediante título actualizado, salvo las posibilidades de consulta administrativa previstas. Cuarto, estaban exentas las víctimas del terrorismo que hubieran sufrido daños físicos o psíquicos y lo acreditaran mediante sentencia firme o resolución administrativa, su cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, el cónyuge de la persona fallecida y los hijos e hijas de heridos y fallecidos. Esta formulación sigue el alcance literal de la base 4.13 y evita convertir la exención en una categoría más amplia no prevista.
El pago electrónico se realizaba conforme a la Orden HAC/729/2003 y el justificante de registro incluía el NRC como constancia de pago correcto. Para solicitudes cursadas en el extranjero, las bases preveían una cuenta específica del Tesoro Público; ese método solo era válido para solicitudes desde el extranjero. El abono o la justificación de exención debía hacerse dentro del plazo de presentación. La falta de justificación podía determinar exclusión.
Inscripción: registro y pago son trámites distintos
La inscripción se realizaba por medios electrónicos a través de Inscripción en Pruebas Selectivas (IPS) (se abre en una pestaña nueva). El procedimiento incluía cumplimentar el modelo oficial, el pago electrónico si procedía y el registro electrónico de la solicitud. Anexar documentación era opcional cuando no fuera necesaria para acreditar una circunstancia concreta, y la plataforma permitía subsanar dentro del plazo que se otorgase si procedía.
El pago no reemplaza el registro: la base 4.15 afirma expresamente que pagar la tasa o justificar una exención total o parcial no sustituye presentar la solicitud en tiempo y forma. Es una distinción práctica importante para entender por qué un justificante de pago, aislado, no acredita por sí mismo una inscripción válida.
El plazo ordinario de veinte días hábiles ya ha terminado. La base 4.6 lo vinculaba al día siguiente de la publicación de la convocatoria en el BOE de 31 de diciembre de 2025; su cómputo conforme al calendario oficial de días inhábiles de la AGE (se abre en una pestaña nueva) lo sitúa entre el 2 y el 30 de enero de 2026, excluidos sábados, domingos y los días 1 y 6 de enero. Una resolución posterior sobre plazas o admisión no abre por sí sola un nuevo plazo ordinario de solicitud. Para cualquier actuación posterior, consulta las resoluciones del proceso en la oferta pública de empleo de la Seguridad Social (se abre en una pestaña nueva). La resolución de listas provisionales publicada el 20 de marzo de 2026 corresponde a un trámite posterior de esta convocatoria; no era una nueva inscripción ordinaria.
Preparación de la parte general
El pack de parte general para Administrativo de la Seguridad Social 2026 ofrece material de apoyo para preparar la parte general. Consulta su índice para comprobar el alcance y las materias incluidas. Para revisar su enfoque antes de decidir, puedes consultar la muestra de Constitución: estructura y reforma. La muestra permite valorar cómo se explican materias constitucionales del bloque general. Para preparar la oposición también tendrás que estudiar la parte específica de Seguridad Social.
Para ampliar información de esta convocatoria, pueden resultar útiles el calendario, el temario y la visión general. Las condiciones de participación y cualquier trámite efectivo, sin embargo, se comprueban siempre en el BOE y en las resoluciones administrativas que correspondan.
Preguntas frecuentes
¿Qué titulación se exigía para Administrativo de la Seguridad Social 2026?
Bachiller o Técnico, o estar en condiciones de obtener uno de esos títulos al cierre del plazo, acreditando todas las asignaturas o ECTS y, si procede, el pago de la tasa de expedición.
¿Cuál era la edad mínima para acceso libre?
16 años, sin exceder en su caso la edad máxima de jubilación forzosa.
¿Pueden presentarse nacionales de otros Estados de la UE?
Sí, en los supuestos y condiciones de la base 3.2, con la excepción de empleos que impliquen ejercicio de poder público o salvaguardia de intereses generales.
¿Está abierto el plazo de solicitud?
No. El plazo ordinario de veinte días hábiles desde el siguiente al BOE de 31 de diciembre de 2025 se computa del 2 al 30 de enero de 2026 conforme al calendario general de días inhábiles de la AGE.
¿Cuánto era la tasa de acceso libre?
15,57 euros; para familia numerosa general, 7,79 euros. Hay exenciones y bonificaciones sujetas a requisitos de la base 4.13.
¿Quién estaba exento de pagar la tasa?
Entre otros supuestos, discapacidad igual o superior al 33 %, determinadas personas demandantes de empleo que cumplan todos los requisitos, familias numerosas especiales y víctimas del terrorismo en los términos de la base 4.13.
¿El pago de la tasa sustituye registrar la solicitud?
No. El pago o la justificación de exención no sustituye la presentación de la solicitud en tiempo y forma.
¿La antigüedad de dos años era requisito de acceso libre?
No. Es un requisito específico de promoción interna para los colectivos definidos en las bases 3.9 a 3.12.
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