Recurso de alzada vs reposición: diferencias (Ley 39/2015)
- Escrito por
- Marcelo Cabrera
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Alzada, reposición y revisión se parecen porque son recursos administrativos, pero no se eligen con una regla de dos palabras. La pregunta correcta no es «¿el acto es firme?» ni «¿me han dicho que no?». Hay que separar tres planos: qué clase de acto se recurre, si pone fin a la vía administrativa y si, además, ya es firme en vía administrativa. Esa separación ayuda a aplicar los artículos de la Ley 39/2015.
Respuesta rápida: la alzada se dirige contra las resoluciones y determinados actos de trámite que no ponen fin a la vía administrativa; decide el superior jerárquico. La reposición, que es potestativa, puede presentarse ante el mismo órgano contra actos que sí ponen fin a esa vía. El recurso extraordinario de revisión solo cabe contra actos firmes en vía administrativa y únicamente si concurre una causa tasada. La fuente legal es la Ley 39/2015 en el BOE (se abre en una pestaña nueva).
La distinción que ordena todo: fin de vía no equivale a firmeza
Un acto que pone fin a la vía administrativa y un acto firme no son expresiones intercambiables. Que un acto ponga fin a la vía administrativa sirve para situar la reposición potestativa del artículo 123. Que un acto sea firme en vía administrativa es el presupuesto del extraordinario de revisión del artículo 125. Para elegir bien hay que aplicar el presupuesto de cada artículo, no reducir ambos conceptos a una sola etiqueta.
La Ley enumera actos que ponen fin a la vía administrativa en el artículo 114 (se abre en una pestaña nueva): entre otros, las resoluciones de alzada, las de órganos sin superior jerárquico salvo previsión legal distinta, los acuerdos finalizadores y las resoluciones de responsabilidad patrimonial. Esa lista es el punto de partida. Después hay que leer si existe una regla sectorial y si el recurso se ha presentado en plazo.
Tampoco todo acto de trámite es recurrible por separado. El artículo 112.1 (se abre en una pestaña nueva) limita esa posibilidad a los que deciden directa o indirectamente el fondo, impiden continuar el procedimiento, producen indefensión o causan perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Los demás trámites se combaten al impugnar la resolución que ponga fin al procedimiento. La afirmación «cualquier acto de trámite es recurrible por separado» elimina esos requisitos legales.
Recurso de alzada: cuándo procede y ante quién
Conforme al artículo 121 (se abre en una pestaña nueva), las resoluciones y actos del artículo 112.1 que no ponen fin a la vía administrativa pueden recurrirse en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. En procedimientos selectivos, los tribunales y órganos de selección que actúan con autonomía funcional se consideran dependientes del órgano al que estén adscritos o, si no lo hay, del que nombró a su presidencia. Ese matiz puede aparecer en oposición.
La alzada puede presentarse de dos maneras: ante el órgano que dictó el acto o ante el competente para resolver. Si se presenta ante el primero, no resuelve por ello: debe remitirla al competente en diez días, con su informe y con copia completa y ordenada del expediente. El plazo de diez días es una regla de traslado, no el plazo de quien recurre.
Para un acto expreso, el plazo de interposición es de un mes. Si se deja pasar sin recurrir, la resolución será firme a todos los efectos. Si el acto no es expreso, solicitante y posibles interesados pueden interponer alzada en cualquier momento desde el día siguiente a aquel en que, conforme a su normativa específica, se producen los efectos del silencio. El artículo 30 (se abre en una pestaña nueva) explica el cómputo de plazos: los meses se cuentan desde el día siguiente a la notificación, publicación o silencio y, si el último día es inhábil, se prorroga al siguiente hábil.
El plazo máximo para que la Administración dicte y notifique la resolución de la alzada es de tres meses. Si no llega resolución, el recurso puede entenderse desestimado, salvo la excepción del artículo 24.1. No debe afirmarse que haya que esperar siempre una resolución expresa para acudir a la jurisdicción: la desestimación presunta habilita la impugnación en los términos que correspondan. Y, una vez resuelta la alzada, el artículo 122.3 (se abre en una pestaña nueva) cierra la cadena ordinaria: no cabe otro recurso administrativo, salvo el extraordinario de revisión cuando concurra alguno de los supuestos del artículo 125.1.
Decir que la alzada es la vía ordinaria para agotar la vía administrativa cuando el recurso es admisible es más exacto que decir que procede porque el acto «no es firme». Lo decisivo es que el acto recurrible no ponga fin a la vía administrativa.
Reposición: potestativa, mismo órgano y sin simultaneidad procesal
El artículo 123 (se abre en una pestaña nueva) permite recurrir potestativamente en reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto, los actos que ponen fin a la vía administrativa. La alternativa legal es impugnarlos directamente ante el orden contencioso-administrativo. «Potestativa» no significa irrelevante: significa que el interesado escoge entre presentarla o acudir directamente a la jurisdicción.
Si escoge reposición, no puede interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que la reposición se haya resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta. Por tanto, no es correcto presentar ambas vías a la vez como si fueran compatibles desde el primer día.
Para un acto expreso, la reposición tiene un mes de plazo. Si el acto no es expreso, puede interponerse en cualquier momento desde el día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. La Administración dispone de un mes para dictar y notificar la resolución. Contra esa resolución no puede interponerse una nueva reposición: así lo ordena el artículo 124 (se abre en una pestaña nueva). Tampoco debe inventarse una secuencia «alzada contra acto que pone fin, y luego reposición»; la resolución de alzada ya tiene su régimen propio.
Que un acto ponga fin a la vía no impide, por sí solo, que se admita reposición si se presenta dentro de plazo y no existe una norma que la excluya. Por eso no hay que sustituir la pregunta legal por una asociación mecánica entre fin de vía y firmeza.
Silencio administrativo: el doble silencio tiene una excepción importante
En alzada, como regla, transcurridos tres meses sin resolución notificada puede entenderse desestimado el recurso. Sin embargo, el artículo 24.1 (se abre en una pestaña nueva) prevé una excepción cuando la alzada se interpone contra la desestimación por silencio de una solicitud: se entiende estimada si transcurren tres meses sin notificación de resolución expresa.
No basta con memorizar «doble silencio igual a positivo». El propio precepto excluye de esa estimación la solicitud cuyo silencio se refiera al derecho de petición del artículo 29 de la Constitución, las solicitudes cuya estimación transfiera al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, las actividades que puedan dañar el medio ambiente y los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. En esos ámbitos, el doble silencio no convierte automáticamente la alzada en estimada.
El silencio tampoco equivale a una declaración sobre el fondo favorable o desfavorable para estudiar cualquier otro requisito. Para responder un supuesto hay que identificar primero la solicitud inicial, el tipo de silencio y la materia. Una palabra del supuesto —por ejemplo, «responsabilidad patrimonial»— puede cambiar la aplicación de esa regla.
Recurso extraordinario de revisión: excepcional y con causas cerradas
El artículo 125 (se abre en una pestaña nueva) reserva el recurso extraordinario de revisión para actos firmes en vía administrativa. Se interpone ante el órgano administrativo que dictó el acto, que también es competente para resolverlo. No es una tercera oportunidad general para volver a discutir argumentos ya valorados.
Las causas son cuatro y deben aparecer en el supuesto:
- Error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
- Aparición de documentos de valor esencial que evidencien el error de la resolución, aunque sean posteriores.
- Influencia esencial de documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme.
- Resolución dictada por prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible, declarada así por sentencia judicial firme.
En la primera causa, el plazo es de cuatro años desde la notificación de la resolución impugnada. En las demás, tres meses desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia quedó firme. El segundo supuesto no exige que el documento hubiera sido imposible de aportar; la ley dice que puede ser posterior y que debe evidenciar el error.
El artículo 126 (se abre en una pestaña nueva) permite inadmitir motivadamente un recurso que no se funde en esas causas o que sea sustancialmente igual a otros ya desestimados en cuanto al fondo. Además, el órgano debe pronunciarse sobre la procedencia y, si corresponde, sobre el fondo. Si pasan tres meses desde la interposición sin resolución notificada, se entiende desestimado y queda expedita la vía contencioso-administrativa.
Cuadro de repaso sin atajos engañosos
| Pregunta | Alzada | Reposición | Extraordinario de revisión |
|---|---|---|---|
| Acto | Resolución o trámite cualificado que no pone fin a la vía | Acto que pone fin a la vía | Acto firme en vía administrativa y causa tasada |
| Órgano resolutor | Superior jerárquico | Mismo órgano que dictó el acto | Mismo órgano que dictó el acto |
| Interposición y causas | 1 mes | 1 mes | 4 años por error de hecho; 3 meses en las demás causas |
| Acto no expreso | Cualquier momento desde el día siguiente a los efectos del silencio | Cualquier momento desde el día siguiente al acto presunto | Depende de la causa tasada, no del esquema de acto expreso/presunto |
| Máximo para resolver y notificar | 3 meses | 1 mes | 3 meses |
| Regla de cierre | Resolución: no otro recurso administrativo, salvo revisión | No cabe otra reposición | No es una revisión libre del fondo |
La interposición de un recurso no suspende por sí sola la ejecución del acto. El artículo 117 (se abre en una pestaña nueva) establece esa regla y permite al órgano competente suspender, de oficio o a solicitud y previa ponderación suficientemente razonada entre los intereses en conflicto, cuando la ejecución pueda causar perjuicios de imposible o difícil reparación o la impugnación se funde en una causa de nulidad de pleno derecho del artículo 47.1. Es otro dato que no debe añadirse al supuesto si no se pregunta: recurrir y suspender son cuestiones diferentes.
Ocho casos ficticios para comprobar el criterio
Caso 1. Acto que no pone fin a la vía
Una jefatura dicta una resolución de exclusión en un procedimiento y el enunciado indica expresamente que no pone fin a la vía administrativa. ¿Qué opción es correcta?
A. Reposición ante la misma jefatura, porque toda exclusión agota la vía.
B. Alzada ante el superior jerárquico, al tratarse de una resolución que no pone fin a la vía.
C. Extraordinario de revisión, porque la exclusión perjudica al interesado.
D. Ningún recurso administrativo, porque toda resolución debe ir al juzgado.
Clave: B. La alzada se configura para los actos recurribles que no ponen fin a la vía administrativa; no hace falta añadir una declaración sobre firmeza.
Caso 2. Acto que pone fin a la vía sin norma excluyente
Una resolución pone fin a la vía administrativa. El interesado está dentro de plazo y el supuesto no menciona ninguna norma que excluya la reposición. ¿Cuál es la respuesta ajustada?
A. Debe presentar alzada ante el superior jerárquico.
B. Solo puede acudir a la jurisdicción, pues fin de vía impide toda reposición.
C. Puede presentar reposición potestativa ante el mismo órgano o impugnar directamente ante la jurisdicción.
D. Debe esperar a que el acto sea firme para poder recurrir.
Clave: C. El artículo 123.1 da esa alternativa. Fin de vía y firmeza no permiten inventar una prohibición de reposición.
Caso 3. Resolución de una alzada
Se ha dictado y notificado la resolución de un recurso de alzada. No concurre ninguna de las causas del artículo 125.1. ¿Qué recurso administrativo procede ahora?
A. Una nueva alzada si cambia el órgano superior.
B. Reposición obligatoria ante el órgano que resolvió.
C. Reposición potestativa ante el órgano que dictó el acto inicial.
D. Ningún otro recurso administrativo ordinario.
Clave: D. El artículo 122.3 solo salva el extraordinario de revisión en los casos del artículo 125.1; no abre una reposición posterior.
Caso 4. Resolución de reposición
Un órgano resuelve expresamente una reposición. La persona recurrente quiere presentar otra reposición contra esa resolución alegando de nuevo el mismo desacuerdo. ¿Cuál es la opción correcta?
A. No puede reiterar el recurso de reposición.
B. Debe interponer alzada por la misma razón.
C. Puede repetir reposición tantas veces como cambie sus argumentos.
D. Debe usar revisión, aunque no haya causa tasada ni acto firme.
Clave: A. El artículo 124.3 prohíbe una nueva reposición contra la resolución de reposición.
Caso 5. Doble silencio y responsabilidad patrimonial
En una pregunta sobre el artículo 24.1 se afirma que el doble silencio favorable en alzada carece de excepciones por razón de la materia. ¿Es correcta esa afirmación?
A. Sí, porque la materia nunca influye en esa regla.
B. No: responsabilidad patrimonial está entre las excepciones del artículo 24.1.
C. Sí, porque las excepciones solo afectan a la reposición.
D. No, porque en alzada nunca existe una excepción al silencio negativo.
Clave: B. La estimación del doble silencio no es universal; la responsabilidad patrimonial está expresamente excluida.
Caso 6. Alzada frente a acto no expreso
Un solicitante recibe los efectos del silencio conforme a la norma aplicable y quiere recurrir en alzada el acto no expreso. ¿Qué plazo de interposición describe la Ley 39/2015?
A. Diez días desde la solicitud inicial.
B. Un mes contado desde el día de presentación de la solicitud.
C. Cualquier momento desde el día siguiente a aquel en que se producen los efectos del silencio.
D. Tres meses, que es el plazo de resolución de la alzada.
Clave: C. El mes corresponde al acto expreso; el artículo 122.1 regula de forma distinta el acto no expreso. Este dato no fija por sí solo plazos judiciales.
Caso 7. Error de hecho acreditado en el expediente
Una resolución firme en vía administrativa contiene un error de hecho que resulta de documentos ya incorporados al expediente. ¿Qué vía y plazo encajan?
A. Reposición en un mes, porque todo error permite reposición.
B. Alzada en tres meses ante el superior jerárquico.
C. Revisión en tres meses desde que se descubre el error.
D. Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano, dentro de cuatro años desde la notificación.
Clave: D. Es la causa del artículo 125.1.a y tiene el plazo especial de cuatro años.
Caso 8. Documento esencial posterior
Después de una resolución firme aparece un documento de valor esencial que evidencia su error. El documento es posterior a la resolución. ¿Qué respuesta es correcta?
A. Puede plantearse recurso extraordinario de revisión; el documento posterior puede servir y el plazo es de tres meses desde su conocimiento.
B. No cabe revisión porque el documento no existía durante el procedimiento.
C. Solo cabe una nueva reposición ante el mismo órgano.
D. Debe tratarse necesariamente de un documento que fuera imposible aportar antes.
Clave: A. El artículo 125.1.b admite expresamente documentos posteriores que evidencien el error; no añade el requisito de imposibilidad de aportación.
Cómo estudiar el bloque sin perder el matiz
Empieza por una ficha de tres preguntas: «¿qué acto es?», «¿pone fin a la vía?» y «¿hay firmeza más causa tasada?». Solo entonces elige recurso. Añade debajo quién resuelve: superior en alzada; mismo órgano en reposición y en revisión. Por último, repasa los tres plazos de resolución y notificación: alzada, tres meses; reposición, un mes; revisión, tres meses.
Después mezcla supuestos de acto expreso y no expreso. El mes de alzada y reposición no se traslada automáticamente al silencio: para esos actos, la Ley usa «en cualquier momento» desde el día siguiente a los efectos del silencio. En revisión, no memorices «tres meses» sin más: el error de hecho documental tiene cuatro años; las otras causas, tres meses desde el conocimiento del documento o la firmeza de la sentencia.
Para practicar, puede servir material de repaso de Auxiliar Administrativo que indique con claridad qué artículos incluye, sin sustituir la lectura de la ley ni ofrecer asesoramiento sobre un expediente concreto. La elección final del recurso depende siempre del acto, la norma aplicable y los datos del caso. Estos supuestos son ejercicios de estudio del régimen común de la Ley 39/2015, no instrucciones para recurrir un expediente concreto. Como apoyo para el trámite de una solicitud, puede consultarse la guía para presentar una instancia, registro y plazo, para repasar la presentación.
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Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre recurso de alzada y de reposición?
La alzada procede, con carácter ordinario, contra las resoluciones y los actos de trámite cualificados que no ponen fin a la vía administrativa; la resuelve el superior jerárquico. La reposición es potestativa y cabe contra actos que ponen fin a esa vía; la resuelve el mismo órgano que los dictó. La referencia es la vía administrativa, no una equivalencia automática con la firmeza.
¿El recurso de reposición es obligatorio?
No. Ante un acto que pone fin a la vía administrativa puede interponerse reposición ante el mismo órgano o acudirse directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa. Si se presenta reposición, no puede interponerse el recurso contencioso hasta su resolución expresa o su desestimación presunta.
¿Qué plazo tiene el recurso de alzada?
Contra un acto expreso, un mes. Contra un acto no expreso, el solicitante y otros posibles interesados pueden interponerlo en cualquier momento desde el día siguiente a aquel en que produzca efectos el silencio conforme a su normativa específica. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución es de tres meses.
¿Quién resuelve el recurso de alzada?
El órgano superior jerárquico del que dictó el acto. Puede presentarse ante el órgano que lo dictó o ante el competente para resolver; si se presenta ante el primero, debe remitirlo en diez días con informe y copia completa y ordenada del expediente.
¿Qué es el recurso extraordinario de revisión?
Es un recurso excepcional contra actos firmes en vía administrativa y solo por las causas tasadas del artículo 125 de la Ley 39/2015. Se interpone ante el órgano que dictó el acto, que también resuelve. No es una segunda oportunidad general para discutir el fondo.
¿El doble silencio en alzada siempre estima el recurso?
No. La estimación se prevé cuando la alzada se interpone contra la desestimación por silencio de una solicitud, salvo las materias del artículo 24.1: derecho de petición del artículo 29 CE; procedimientos cuya estimación transfiera al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público; actividades que puedan dañar el medio ambiente; y responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
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